El Congreso de Yucatán aprobó por unanimidad una reforma constitucional que endurece las sanciones para quienes incumplan con el pago de la pensión alimentaria.
La modificación establece que las personas deudoras deberán cubrir no solo el monto adeudado, sino también los gastos generados para exigir el pago, como honorarios legales o préstamos realizados durante el proceso.
Además, la acción penal no podrá extinguirse si no existe una reparación integral del daño, medida que busca proteger a miles de mujeres, niñas y niños que dependen de este derecho.

