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El caso de la influencer Lupita TikTok pone en el centro de la conversación sobre la actividad del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en hechos que involucran a menores de edad, sobre todo si ponen en riesgo su vida.
El DIF tiene la facultad de intervenir en casos donde los derechos de menores están en riesgo; al comienzo de la difusión de los hechos de Lupita TikTok, Mariana Rodríguez -esposa del gobernador de Nuevo León y titular de la oficina ‘Amar a Nuevo León’- confirmó que la pequeña había sido hospitalizada y el sistema había intervenido.
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EL DIF Y LA CUSTODIA DE LOS MENORES
Dicho sistema fue creado para garantizar el bienestar de las familias mexicanas, con especial énfasis en la protección de niñas, niños y adolescentes; aunque su acción es preventiva como correctiva, además de proporcionar apoyo social, psicológico y legal a familias vulnerables. Aunque también actúan al identificar situaciones de riesgo para menores al retirarlos de su entorno familiar.
Por otro lado, la custodia implica al derecho y la responsabilidad de garantizar el cuidado, protección y desarrollo integral de un menor; en caso de ser ejercida de manera arbitraria, pero si estos derechos se ven comprometidos, el DIF puede intervenir confirme a un proceso legal establecido.
Sin embargo, esta dependencia no debe actuar de manera arbitraria, sólo en casos graves, justificados y la necesidad de pruebas, así como seguir un debido proceso al separar un menor de su entorno familiar.
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MOTIVOS POR LOS QUE PUEDEN ‘QUITARTE’ A TUS HIJOS
La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla una serie de situaciones en las que pueden intervenir y resguardar a los menores.
El artículo 13 de la ley general afirma que los menores de edad tienen derecho a vivir en condiciones de bienestar, en un desarrollo integral, sin violencia y con cuidados de salud, junto a seguridad social. Pero cuando estos derechos sin vulnerados por parte de los padres y tutores, se considera un motivo suficiente para intervenir.
Mientras que el artículo 4 de la Constitución establece que los menores deben ser protegidos por el Estado y se debe garantizar su desarrollo pleno; a lo que el DIF actúa como una instancia que vela por el mandato constitucional.
Interviniendo con:
– Maltrato físico, emocional o sexual;
– Abandono o negligencia en el cuidado;
– Exposición a situaciones de violencia familiar;
– Castigo corporal y humillante;
– Corrupción de menores;
– Consumo de drogas o alcohol por parte de los padres que afecte la crianza;
– Explotación laboral o sexual del menor;
– Falta de garantía para el acceso a salud, educación o alimentación.
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¿CÓMO INTERVIENE EL DIF?
Cuando el DIF detecta o recibe una denuncia, comienza un proceso estructurado para garantizar la protección del menor:
– Investigación y pruebas
Realiza entrevistas con personas cercanas al menor de edad, este se realizará a vecinos, maestros o familiares, así como al propio menor. Y recabar evidencias que confirmen la situación denunciada, aquí se busca comprobar si existe una situación real de riesgo o vulneración de derechos;
– Medidas temporales
Al confirmarse un riesgo inminente, DIF puede trasladar al menor a un albergue o con una familia sustituta como medidas de protección temporal; mientras se determina la situación de la familia;
– Evaluación psicológica y visitas domiciliarias
Especialistas analizan el estado emocional del menor de edad y los padres de familia, así como verificar las condiciones del entorno familiar. En este punto se efectúan las visitas domiciliarias para verificar las condiciones de vida, para permitir tener una evaluación completa del entorno;
– Posible restitución de custodia
En caso de corregir las condiciones que motivaron la intervención del DIF, pueden devolver la custodia siempre y cuando las evaluaciones profesionales lo respalden, mismas que son aplicadas mediante evaluaciones profesionales.
En los casos de retiro de custodia, esta será temporal e irá acompañado de programas de apoyo como terapia familiar, atención psicológica o asistencia médica.
Es decir, el DIF no quita a los hijos de una familia sin un motivo justificado; sin embargo, los derechos de niñas y niños deben estar por encima de todo. Su objetivo no es castigar a las familias, sino proteger a los niños, niñas y adolescentes.
