By 
Este Día Mundial de la Libertad de Prensa, conmemorado el 3 de mayo, se recuerda que en México, así como en Coahuila, ejercer el periodismo continúa siendo una labor vulnerable a la violencia, pues tan solo en 2024 un periodista fue agredido en el país cada 14 horas, según el más reciente informe de la organización Artículo 19.
En el caso de Coahuila, el año pasado se registraron al menos 14 agresiones, ubicándolo como la decimocuarta entidad con mayor número de ataques a la prensa, aunque estas cifras no incluyen la microviolencia cotidiana, como los insultos ni la estigmatización que enfrentan reporteros en las calles y redes sociales.
TE PUEDE INTERESAR: Abren registro para participar en el Premio Estatal de Periodismo 2025 en Coahuila
De igual manera, el IMCO, en el Índice de Competitividad Estatal 2024, posiciona a Coahuila en el puesto 26 en el ranking de las entidades con mayor seguridad para ejercer el periodismo. Según el informe, en Coahuila ocurren 7.5 agresiones por cada millón de habitantes, evaluando el desempeño de la entidad con un nivel medio bajo en este indicador.
El informe anual titulado “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información en México” revela que la violencia contra periodistas en el país aumentó un 13.9 % respecto al año anterior, alcanzando un total de 639 agresiones documentadas en 2024. De éstas, casi la mitad fueron perpetradas por autoridades públicas. En todo el país, no hubo un solo estado sin al menos una agresión a la prensa.
Coahuila, aunque históricamente ha registrado una baja incidencia en este tipo de casos, no ha sido ajeno a esta tendencia nacional. Más allá de las diferencias entre medios y líneas editoriales, los reporteros —sin importar empresa o ideología— coinciden en una exigencia común: poner fin a la violencia y garantizar una verdadera libertad de prensa.
En 2024, uno de los casos registrados ocurrió en abril durante la cobertura del eclipse total de sol en Torreón, cuando la periodista de Proceso, Camelia Muñoz, fue agredida por el presidente municipal Román Alberto Cepeda, quien le gritó cuando la reportera lo cuestionó sobre observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. “¿Quién te mandó?”, le dijo alzando la voz, antes de que su jefa de prensa, Cristal Barrientos, interviniera violentamente, empujándola y golpeándola mientras intentaba arrebatarle el celular.
La violencia tampoco ha respetado el espacio digital. Dos periodistas de Ciudad Acuña, Fernando Rodríguez González y Obed Jiménez García, del medio Noticias en la Web, recibieron amenazas de muerte por mensajes privados en Facebook. Aunque las amenazas fueron denunciadas, los perfiles de los agresores eran anónimos.
Asimismo, en octubre de 2024, Diana Martínez, reportera de Zócalo y Tele Saltillo, fue golpeada por un grupo de mujeres mientras cubría una manifestación en la capital del estado. La reportera fue atacada por la espalda, sufrió un golpe en el rostro y fue despojada de su celular. Presentó denuncia por lesiones, robo y amenazas.
El año 2025 no ha comenzado mejor, pues tan solo entre marzo y abril se han documentado al menos cinco casos de agresiones, mayormente registradas en la capital. A inicios de abril, en Saltillo, un escolta de la Agencia de Investigación Criminal amenazó de muerte al reportero Alejandro N., del medio digital Punto y Coma, quien cubría actos vandálicos en la colonia Landín. El agente, identificado como Antonio H., habría proferido la amenaza: “Sé dónde vives y te tengo ubicado”, en defensa de adolescentes implicados en los hechos, que resultaron ser sus sobrinos.
El 15 de abril, Kevin Carranza, reportero de Multimedios, fue agredido por el chofer de una empresa de transporte, quien descendió de su vehículo para golpearlo en el rostro.
Apenas diez días después, el reportero de VANGUARDIA, Martín Rojas, fue amenazado por Eduardo Fuentevilla, funcionario del Poder Judicial, cuando cubría un operativo de alcoholímetro. El funcionario exigía la liberación de su hijo y, al notar la presencia del reportero, lo amenazó con métodos de tortura utilizados por el crimen organizado.
Otro caso fue el de la periodista Edith González, quien en este mismo mes fue despojada de su equipo de transmisión por un agente vestido de civil, mientras cubría una protesta por el asesinato de Rolando Medina en el ejido Nuevo Mieleras, en Torreón. Su compañera Mariana Mejía también fue empujada con violencia, cayendo al suelo y lesionándose. Ambas fueron fotografiadas por los agentes, en un claro intento de intimidación.
TE PUEDE INTERESAR: ‘No soy dejado’: la noche en que un reportero de VANGUARDIA enfrentó la prepotencia
La violencia no ha distinguido siquiera el contexto de las manifestaciones feministas. Durante las protestas del 8 de marzo en Saltillo, reporteras locales fueron agredidas por manifestantes que arrojaron botellas con agua luego de que se registrara la detención de una mujer trans por elementos de seguridad.
Artículo 19 señala que estas agresiones no son incidentes aislados, sino parte de un entorno estructural de violencia en el que el Estado ha fallado sistemáticamente en proteger a la prensa.
Ejemplo de ello son las conferencias matutinas del Ejecutivo federal: lejos de distender, se han convertido en plataformas de estigmatización bajo el nuevo formato del “Detector de Mentiras”. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha intentado modificar el tono, su narrativa sigue reproduciendo patrones de deslegitimación instaurados por su predecesor.
La realidad en Coahuila refleja esta tendencia nacional: autoridades que hostigan, manifestantes que agreden, ciudadanos que desprecian, funcionarios que amenazan. En un país donde la libertad de prensa se reconoce más en el discurso que en la práctica, cada nota publicada es también un acto de valentía.
