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En la máxima tribuna del estado, el diputado Antonio “Tony” Flores llevó su confrontación con su coterránea de Múzquiz, Karla Mónica Escalera Mendoza, quien la semana pasada habría amenazado de muerte a la exalcaldesa y exdiputada local Tania Vanesa Flores Guerra, hermana del legislador.
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Al tiempo que mostró documentos y colocó en el micrófono grabaciones desde su celular para respaldar sus dichos, estimó que los amagos de la aludida configuran una falta administrativa, pero también un delito, al que se suman supuestas expresiones denigrantes que, según dijo, lanzó días atrás contra personas de la comunidad LGBT+.
Presentes en el salón de sesiones la propia Tania Vanesa y otra hermana suya, acompañadas por un grupo de ciudadanos muzquenses diseminados en el área de butacas, el diputado del Partido del Trabajo (PT) planteó en tribuna un punto de acuerdo para que se procediera contra Escalera Mendoza.
En su proposición —rechazada con 14 votos en contra, cinco a favor y ninguna abstención— solicitó que el Pleno del Congreso enviara un exhorto al titular de la Contraloría Municipal de Múzquiz, Coahuila.
El objetivo, explicó, era “iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad administrativa en contra de los servidores públicos municipales y empleados o empleadas que, en funciones, cometan actos de discriminación, intolerancia o violencia de género en contra de cualquiera de los grupos vulnerados”.
El documento fue turnado a las comisiones unidas de Agua, Asuntos Municipales, Metropolitanos e Interestatales, y de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad.
A través de un discurso improvisado, el diputado Flores señaló que no solo acudía a presentar una proposición, sino a “levantar la voz en nombre de la justicia, la dignidad y la vida misma”.
“Hoy hago un llamado urgente y firme para frenar la violencia ejercida por servidores públicos del Ayuntamiento de Múzquiz, Coahuila, que han vulnerado los derechos y la seguridad de las y los ciudadanos, atentando contra los principios más básicos de la función pública”, dijo.
“Quienes ocupamos un cargo público tenemos la obligación moral y legal de proteger a las personas, no de perseguirlas. Pero ¿qué ocurre cuando es el propio poder municipal quien se convierte en instrumento de hostigamiento, violencia y amenaza? ¿Qué sucede cuando quienes deben velar por la seguridad ciudadana abusan de su investidura para sembrar miedo y odio?”, cuestionó.
“Eso, precisamente, es lo que está ocurriendo en Múzquiz, bajo el mando de la presidenta municipal Laura Patricia Jiménez Guerra, mejor conocida como ‘Gachupina’”, agregó.
Afirmó que la alcaldesa “ha tolerado, promovido y encubierto el actuar violento de sus colaboradores, Karla Mónica Escalera Mendoza y Antonio Gutiérrez Wislar, actuales coordinadores en su administración”.
“Estas personas no solo han transgredido los límites de la ética pública, han sobrepasado los límites de lo humano”, continuó.
Señaló que utilizan su cargo “para orquestar campañas de difamación, intimidación y persecución en contra de la familia Flores Guerra, y especialmente en contra de la exalcaldesa Tania Vanesa Flores Guerra, madre de tres menores de edad, a quien han amenazado de muerte con frases como ‘una tiene que dejar de respirar’”.
“Esto, diputadas y diputados, no es una crítica política, sino una amenaza de muerte”, subrayó.
“La gravedad no termina ahí. En redes sociales se han documentado actos en los que estos funcionarios profieren insultos homofóbicos y denigrantes hacia integrantes de la comunidad LGBT+”, aseguró.
Según Flores, estas expresiones vulneran los derechos y la dignidad de las personas, y fomentan la discriminación. Refirió que se han usado insultos como “maricones” de forma ofensiva y violenta.
En una de las grabaciones presentadas, se escucha presuntamente a Mónica Escalera decir: “Fue agredido por los dos maricones; esos perros infelices, desgraciados, malparidos van a pagar”.
El legislador del PT afirmó que los actos de Escalera, también dirigente municipal del partido Movimiento Ciudadano, “han traspasado los límites de la ley, la moral y la decencia institucional; esto configura no solo una violación administrativa, sino un delito”.
