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A fin de tipificar como delito los incendios, tanto en zonas rurales como urbanas, el Congreso del Estado aprobó una serie de reformas al Código Penal, estableciendo prisión de hasta seis años para quienes incurran en dicha falta.
La iniciativa respectiva fue presentada por la diputada Luz Elena Morales Núñez y el diputado Álvaro Moreira Valdés, como ponentes de un trabajo conjunto de las fracciones y grupos parlamentarios del PRI, PAN, PRD, UDC y PVEM.
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Las sanciones que se impondrán a los responsables fluctúan entre los dos y seis años de prisión, cuando, de manera dolosa, provoquen fuego en inmuebles, lotes baldíos o áreas verdes.
Además, se establece la persecución de oficio de este tipo de delito en ambos casos, especialmente en las ciudades, donde se concentra el 75 por ciento de las quemas, particularmente en terrenos baldíos, arroyos y áreas limítrofes con vías públicas.
El castigo se incrementa para quienes ocasionen un incendio forestal, caso para el cual están contemplados de tres hasta siete años de cárcel, considerando las graves consecuencias al medio ambiente.
Este trabajo legislativo coincide con la proliferación de incendios durante los últimos meses, lo mismo en zonas urbanas que en el campo, lo que ha generado pérdidas millonarias a familias y negocios, y la distracción de recursos públicos.
“Por primera vez en Coahuila, prender fuego a un lote baldío, a un inmueble o a un área verde estará penado con cárcel hasta seis años”, confirmó Morales Núñez, promovente de la reforma.
Hasta ahora, el Código Penal de Coahuila contemplaba incendios en zonas forestales, excluyendo los siniestros en la mancha urbana.
“Esta iniciativa representa una herramienta necesaria para avanzar hacia un modelo de seguridad y justicia ambiental más justo, inclusivo y eficaz”, señala en su exposición de motivos la iniciativa en cuestión.
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“Fortalecer la respuesta penal frente a los incendios urbanos y forestales es una decisión que coloca en el centro los derechos de las personas, la sostenibilidad del entorno y la corresponsabilidad del Estado en la construcción de un futuro más seguro y equitativo para todas y todos”, destaca el documento legislativo.
