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A cinco semanas de haber iniciado las campañas de las candidaturas que buscan un lugar en el Poder Judicial Federal, mañana se unen los aspirantes que buscan una de las 16 magistraturas en el Poder Judicial local.
Además, el 19 de mayo se unirán el resto de los candidatos locales, que buscan ser jueces y juezas de primera instancia.
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El Código Electoral del Estado de Coahuila indica que la duración de las campañas para las personas candidatas a una Magistratura será de 20 días. Mientras que las campañas a personas juzgadoras de primera instancia durarán diez días. Todas las candidaturas concluirán tres días antes de la elección que será el domingo primero de junio.
De acuerdo a la legislación actual, el Instituto Electoral de Coahuila será el encargado de realizar la elección local. Sin embargo, la fiscalización será llevada a cabo por el Instituto Nacional Electoral.
En total serán 106 los cargos locales a elegir. De ellos, nueve magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, tres magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, y cuatro magistraturas de tribunales distritales en el Estado. Además de 90 cargos a jueces y juezas de primera instancia.
Con el arranque de las campaña, el IEC habilita el micrositio Conóceles que tendrá únicamente información de magistraturas.
A partir del 19 de mayo, se habilitará el apartado web para que se proporcione información sobre la elección y candidatos de Personas Juzgadoras de Primera Instancia.
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¿QUÉ SE PERMITE EN CAMPAÑA?
La legislación vigente indica que las candidaturas deben respetar las reglas establecidas para las campañas, para así evitar sanciones.
Entre las prohibiciones destacan: utilizar los recursos materiales, humanos y financieros que se encuentren a su disposición en razón de su cargo. Esto en el caso de las personas que ya se encuentran en el puesto y que buscarán mantenerlo en las urnas.
Otra de las prohibiciones es la realización de actos públicos, sólo se permite distribución de propaganda electoral, la cual no deberá incluir expresiones calumniosas, discriminatorias o que constituyan actos de violencia política en razón de género.
