By Defendamos, sociedad y gobierno, nuestra ciudad. Nos están asfixiando dos pactos. Uno, de impunidad entre funcionarios y criminales mexicanos. Otro, de complicidad entre estos y quienes los protegen desde Estados Unidos. Con ese marco analizo el rifirrafe del momento. El 15 de mayo, Tim Golden recogió testimonios para asegurar en ProPublica que Washington ha elaborado dos listas de políticos mexicanos sospechosos de tener ligas con el narco. La primera, creada por la DEA en 2019, tenía a 35 funcionarios; la segunda, del actual gobierno estadounidense, fue preparada en la Casa Blanca e incluye a “varias docenas” de políticos. Al parecer la gobernadora de Baja California estaba en el listado de 2025. No se sabe si el primer caballero de aquella entidad estaba incluido. TE PUEDE INTERESAR: Washington, ¿pondrá fin al pacto de impunidad?En la mañanera del lunes 19, la periodista Judith Sánchez Reyes (Perspectivas.Mx) le preguntó a la Presidenta sobre ambos temas. Claudia Sheinbaum apoyó en dos ocasiones a la gobernadora, descalificó a Golden por “tener historia de dar información sin fuentes”, prometió actuar si el Departamento de Justicia entregaba pruebas a la Fiscalía General de la República (FGR) y desacreditó a la comentocracia por repetir lo mismo. Es cierto que Golden no revela sus fuentes, pero en el periodismo el off-the-record es bastante frecuente porque es la condición impuesta por los confidentes. A quien firma corresponde verificar la veracidad de lo escuchado, y a los medios que publican, asegurarse del rigor del periodista o analista. Es bastante más atractivo preguntarse por qué Estados Unidos no compartió los dos listados con la Fiscalía General de la República. La respuesta, obvia, es porque no le tienen confianza, pues la FGR no se atreve a husmear en los pactos de impunidad. Lanzo un par de casos semejantes. La PGR-FGR jamás investigó la presunta responsabilidad de Manuel Bartlett en la protección a los capos del Cártel de Guadalajara que asesinaron a un agente de la DEA y a un piloto mexicano en 1985. Evidencia hubo y hay de sobra. La FGR tampoco ha aclarado el papel del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, en el traslado-secuestro de Ismael “El Mayo” Zambada a El Paso, Texas, en julio de 2024 o en el asesinato de Héctor Cuén en ese mismo incidente. Washington dice confiar en la Presidenta, en Omar García Harfuch y en algunos más, pero eso no significa que entreguen la información que la Presidenta solicita o que renuncien al unilateralismo. A Donald Trump le importan muy poco las consecuencias de su estrategia de seguridad. Él y su grupo están decididos a seguir marchando tras el cártel que reproduzca la Doctrina Trump enunciada el 2 de febrero de 2025: “Las organizaciones narcotraficantes de México tienen una alianza intolerable con el gobierno de México”. ¿Así o más claro? Seguirán quitando visas a personalidades políticas mexicanas, poniendo impuestos a las remesas y jugando con la idea de enviar comandos a nuestro territorio. Lo harán incurriendo en incongruencias, como la de permitir el ingreso a Estados Unidos de 17 familiares de Ovidio Guzmán, debido a que este último les está dando información para encarcelar a más mexicanos. Entiendo las dificultades que tiene la Presidenta para manejar la relación con quienes ahora gobiernan Estados Unidos. Tienen la mano pesada y la lengua ligera. Para aligerar la carga, su gobierno podría corresponder armando una lista de quienes apoyan desde Estados Unidos a las organizaciones criminales en México. Tácitamente ya lo está haciendo con la demanda contra los traficantes de armas. Ese litigio y una orden de Trump abren senderos que desembocan en bulevares. TE PUEDE INTERESAR: Impunidad: el pecado original que hunde a MéxicoCuando Trump calificó como organizaciones terroristas a los cárteles mexicanos le regaló a México un espacio enorme para interponer más demandas contra empresas estadounidenses. Sus leyes en ese tema son muy claras: “Quienquiera que proporcione apoyo material o recursos” (y mencionan explícitamente las armas) a las organizaciones, “deberá ser multado o encarcelado por no más de 15 años, o ambas” y si alguna persona hubiera muerto, el perpetrador será encarcelado por los años que decida el juez o por cadena perpetua. Nos asfixian dos pactos. El de impunidad al interior de México y el de las complicidades estadounidenses con los criminales y los funcionarios que los protegen. @sergioaguayoColaboró Giselle Delgadillo Martínez
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