By En Naciones Unidas (ONU) la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto Fregoso, afirmó que la representación política de las mujeres indígenas mexicanas enfrenta grandes retos.
Sostuvo que México y el Tribunal “seguirán juzgando por la dignidad y el respeto a todas las personas, pueblos y comunidades indígenas”.
Se refirió la magistrada a la reparación del daño en casos de violaciones a sus derechos fundamentales, entre ellos los político-electorales.
En el 24º periodo de sesiones del Foro Permanente de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas (UNPFII), la también presidenta de la Sala Superior expuso que el TEPJF seguirá juzgando por la dignidad y el respeto de todas las personas, pueblos y comunidades indígenas.
Hizo énfasis en la prioridad que para el tribunal electoral mexicano tienen las mujeres que pertenecen a este grupo históricamente discriminado.
“La Constitución mexicana establece que la nación tiene una composición pluricultural y multiétnica sustentada originalmente en sus pueblos indígenas”, contó.
Recordó que, desde el inicio de sus trabajos preparatorios, México respaldó el proceso de aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas hasta lograr su aprobación.
Planteó que, como parte de uno de los Poderes de la Unión del Estado mexicano, el Tribunal Electoral ha interpretado la Declaración al dictar sentencias con perspectiva intercultural e interseccional.
“En nuestra jurisprudencia, que son 46 en temas indígenas, hemos establecido, entre otros criterios, que el derecho de autogobierno de pueblos y comunidades indígenas implica el reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía para elegir a sus autoridades conforme a procedimientos, normas y prácticas tradicionales, que deben realizarse consultas previas con los pueblos indígenas en relación con cualquier medida que pueda afectar sus intereses, y se ha definido que los sistemas normativos y usos y costumbres deben promover y respetar el derecho al voto activo y pasivo de las mujeres en apego a Objetivos y metas de desarrollo sostenible”, reseñó.
Detalló que, en consonancia con ese punto, hace 1 año se estableció en el TEPJF una Defensoría para asesorar, defender y representar gratuitamente a mujeres que sean presuntas víctimas de violencia política.
“De los 133 casos que la Defensoría ha atendido desde su creación, casi una tercera parte son de mujeres indígenas”, precisó Mónica Soto.
“Esto evidencia que la participación y representación política de las mujeres indígenas enfrenta grandes retos, como la reparación del daño en casos de violaciones a sus derechos fundamentales. Para enfrentarlos y encontrar soluciones adecuadas, cuentan con el compromiso de una justicia con perspectiva intercultural e interseccional”, explicó la magistrada presidenta.
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