By Jueces han liberado al menos a cien delincuentes de alto impacto, y han permitido que al menos 27 sean trasladados de penales de alta seguridad a penales con menores restricciones, informó el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch.
En la rueda de prensa destacó que entre 2024 y 2025 se detectó un “alarmante número de determinaciones judiciales” que han permitido el cambio de medida cautelar y egresos definitivos.
Entre los 18 juzgadores que han favorecido con 27 traslados, destaca Silvestre Peña Crespo, con 5 resoluciones de traslado entre Ceferesos de personas privadas de la libertad vinculadas con delitos de alto impacto, como secuestro, privación ilegal de la libertad, corrupción de menores, portación de arma de fuego y otros delitos. De los 42 juzgadores que han favorecido con 164 egresos por cambio de medida cautelar, encabeza la lista Enrique Hernández Miranda, de Sonora, con 58 resoluciones; y Aníbal Castro Borbón, también de Sonora, con 15 resoluciones”, expuso García Harfuch.
Detalló que los jueces han concretado 164 egresos por cambio de medida cautelar y 2 egresos definitivos, lo que significa que más de 100 delincuentes regresaron a las calles; además, se realizaron 27 traslados de reos a otros centros penitenciarios pese a que Prevención y Reinserción Social de la propia Secretaría los consideraba como “no viables los traslados” por su alta peligrosidad.
El Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, dijo que ese organismo solicitó al Consejo de la Judicatura que tomara acciones en contra de los jueces, sin embargo, no hubo acción alguna.
Vamos a informar públicamente de los casos en que hemos solicitado al Consejo de la Judicatura Federal la autorización para proceder en contra de un juez y nos lo ha negado. Lo voy a hacer público dando los datos específicos para que no haya malas interpretaciones”, advirtió Gertz.
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que al septiembre, una vez que tomen posesión los integrantes del Poder Judicial, entre ellos el Tribunal de Disciplina Judicial, se podrá establecer responsabilidades de los jueces que han liberado o trasladado a delincuentes a penales de menor seguridad.
Si uno acusa a un juez de corrupción, el Ministerio Público debe tener las pruebas de corrupción, no basta con decir: ‘hay una actitud sistemática de liberar delincuentes’. Tiene que demostrar quién le dio dinero, cómo le dio dinero, si estuvo involucrado dinero”, dijo la presidenta.
Recordó que el futuro Tribunal de Disciplina Judicial podrá iniciar denuncias penales en contra de jueces que tienen una actuación indebida, e incluso los gobernantes o los ciudadanos.
