By Aunque la autoridad ha reiterado el discurso de la profesionalización de sus funcionarios públicos, en Coahuila todavía son una realidad los casos de justiciables que se quejan de protocolos y falta de sensibilidad de los mismos.El caso de María empezó a inicios del 2019 con la separación inminente de su pareja, con quien compartía la maternidad de un hijo nacido en el 2016.TE PUEDE INTERESAR: Atropella autobús a mujer en el periférico LEA de Saltillo; su estado es delicadoDe acuerdo con María, la decisión la tomó luego de varios años de malos tratos, infidelidades y aparente consumo de droga de Humberto “N”; sin embargo, aunque la relación parecía cordial, en 2023 comenzó a agravarse al identificar comportamientos extraños en su hijo, con lo cual decidió solicitar la intervención de las autoridades en la vía penal, donde empezó un nuevo calvario.A partir de ahí, María tocó las puertas de psicólogos, organizaciones civiles, abogados e instituciones como el Cesame y la Pronnif; sin embargo, de acuerdo con su percepción, no resultaron de gran ayuda, al menos en la guía para que el caso no se volteara en su contra.Fue en octubre del 2023 cuando decidió actuar por la vía penal, luego de que su hijo le relacionara, a través de una serie de dibujos, que había sido violentado sexualmente, involucrando a su padre y a otros miembros de la familia paterna.El caso avanzó; sin embargo, María, quien debido a la delicadeza de su caso prefirió omitir los datos propios y los de su hijo menor de edad, empezó a enfrentarse a la distorsión de documentos, el ocultamiento de pruebas, la omisión de sus abogados y a consejos de una funcionaria, quien le sugirió que “huyera”, pues en la entidad existía corrupción para la resolución de estos casos.Debido al vaivén en la relación con Humberto “N” y su familia, María fue retirada del domicilio que les correspondía y, en busca de trabajo, empezó a laborar en un hotel en el Centro Histórico de Saltillo, ubicado en la calle Álvaro Obregón, a donde llevó a vivir a su hijo de forma temporal ante la falta de un hogar.TE PUEDE INTERESAR: Saltillo avanza en reordenamiento vial; eliminan rotondas y suman carriles en zonas conflictivas “Yo tenía pruebas en contra del señor cuando me dejó en la calle junto con mi hijo, poniéndome en estado vulnerable, sin pensión, con amenazas de tiempo atrás de quererme quitar a mi hijo y de muerte para mí y mi menor hijo”, dice María, quien es maestra normalista.“Él era quien aportaba para la manutención y me retiró todo. Yo no tenía trabajo ni ingresos y ahí mis jefes me dieron oportunidad de quedarme con mi niño”, relata María, recordando que esta decisión la llevó a una cúspide del problema, pues fue en ese momento cuando le retiraron al menor a plena luz y con un protocolo agresivo, argumentando que ella lo había abusado, por lo que sería trasladado a Casa Cuna.Debido a esta decisión de la Pronnif, que se tomó en cuenta omitiendo las pruebas que María había dado desde el inicio del caso, hoy ha pasado más de ocho meses sin ver a su hijo, acatando una orden de restricción que también le fue otorgada al padre; sin embargo, dice que este último vive a espaldas de la casa de la abuela paterna, donde otorgaron la estancia provisional en tanto se resuelva el caso.“Ahora en febrero del 2025 fui a Fiscalía, donde me apoyaron para conseguir los expedientes; me lo dieron incompleto, puesto que no había ni la denuncia ni los exámenes periciales médico y psicológico, ni la ampliación de la denuncia, etc.”, indica.“Solo tengo una pequeña parte, donde viene ahí el perfil psicológico que se le realizó a mi hijo durante los cuatro meses que estuvo institucionalizado, donde se corrobora el abuso psicológico y físico al que mi hijo estuvo expuesto con esa familia paterna”, dice.TE PUEDE INTERESAR: En 2025, la CFE ha afectado la distribución de agua en Saltillo 62 ocasiones: AgsalDespués de siete abogados que han visto su caso, hoy María dice tener una gran desconfianza en todo el sistema de justicia, puesto que no ha sido escuchada y, aunque dice que buscará en todas las instancias que su hijo le sea devuelto, las autoridades no han tenido empatía.“He estado mal asesorada, pero no me han ayudado ni los funcionarios, ni los jueces, ni la Fiscalía, ni la Pronnif. Yo estoy muy desesperada, siento que nadie me ha ayudado realmente y, mientras eso pasa, mi hijo vive prácticamente en la casa de sus agresores”, manifiesta.
Powered by WPeMatico
